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“UGT y CCOO se enfrentan por la jubilación de Funcionarios”
Publicado el 13/07/2007, por M.Valverde (EXPANSIÓN)

La Central socialista acusa al Sindicato de Fidalgo de incumplir un acuerdo con Jordi Sevilla que prometía el retiro anticipado a los empleados públicos. La reforma de la Seguridad Social retrasa la propuesta “sine die”.
La decisión del Gobierno de aplazar, por lo menos hasta la próxima legislatura, la jubilación anticipada y parcial de los funcionarios ha provocado un duro enfrentamiento entre las federaciones de servicios públicos de UGT y CCOO.
La disputa surgió el pasado día 26 de junio cuando el equipo de Seguridad Social de la Confederación de CCOO desautorizó “explícitamente” a sus delegados en la Función Pública, porque se negaron a que la Ley de Medidas de Reforma de la Seguridad Social (que está en tramitación parlamentaria) incluya la posibilidad de que los funcionarios puedan jubilarse de forma anticipada y parcial.
Esta posibilidad para los empleados públicos fue pactada el pasado 14 de mayo, entre el entonces ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla y los sindicatos más representativos de funcionarios: CCOO, UGT y CSIF.
En consecuencia, acordaron varias enmiendas con el fin de incluirlas en la citada ley de Seguridad Social. Sin embargo, antes debían ser estudiadas por la Comisión de Seguimiento del Pacto de Toledo que lo conforman, EL Ministerio de   Trabajo, la Patronal y los Sindicatos CCOO, UGT y CSIF.
En aquella reunión, y según las diversas fuentes de la negociación consultadas por  EXPANSIÓN, el Gobierno y CCOO reafirmaron su compromiso de no tocar el acuerdo sobre la Seguridad Social que anteriormente había sido firmado con toda solemnidad en el Palacio de la Moncloa un año antes. Por esta razón, los negociadores pidieron a los grupos parlamentarios que no hiciesen grandes cambios en el acuerdo durante la tramitación de la norma en el Congreso y el Senado. Así, la mayoría de las enmiendas introducidas en la norma mejorarían los derechos.
También es verdad que, sobre todo, la introducción de la jubilación parcial entre los empleados públicos presenta un problema claro ya que no existe el contrato de relevo para los funcionarios, es decir, el contrato con el empleado que cubre la parte de jornada que no hace el jubilado parcialmente. Y, lo que es peor para agilizar la tramitación no basta con cualquier norma, sino que, como ocurre con la Oferta de Empleo Público de todos los años, es necesario presentar el puesto con publicidad y garantizar el acceso al mismo por méritos y en condiciones de igualdad.
Por lo tanto, cubrir el contrato a tiempo parcial en la Administración tiene muchos problemas y no es tan ágil como en el sector privado. Además, incluso para las empresas, el acuerdo sobre la reforma de la Seguridad Social tiene numerosas medidas  que endurecen la jubilación parcial, porque, en los últimos años, se ha convertido en una importante fuente de fraude. El universo potencial de beneficiarios por la jubilación anticipada y parcial sería de 2,4 millones de funcionarios en los Gobiernos Central y de las Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos.
Por todas estas razones, y tal y como adelantó EXPANSIÓN el 22 de junio pasado, el Gobierno pactó con Convergéncia i Unió una enmienda a la reforma de la Seguridad Social, que aplaza hasta la próxima legislatura cualquier posibilidad de aplicación de las medidas para los funcionarios.
A partir de la entrada en vigor de la ley, el Gobierno dispone de un año para presentar ante el Parlamento un estudio “sobre la norma reguladora” de la jubilación anticipada y parcial de los funcionarios y sobre las condiciones de aplicación “que no generen problemas de sostenibilidad a los sistemas de protección social”.